Nuevo Real decreto para facilitar la residencia y el trabajo a miles de jóvenes inmigrantes
Actualizado: 25 ago 2021
La Secretaría de Estado de Migraciones ha puesto en marcha un cambio del reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar los trámites a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes ex-tutelados que llegaron a España de manera irregular. El objetivo es el de flexibilizar las normas y trabas que afectan a los niños y adolescentes inmigrantes a la hora de obtener permisos de residencia y trabajo, poniendo en foco sobretodo en los más desprotegidos por la ley. Este cambio les facilita la obtención y renovación de sus permisos de residencia y trabajo, eliminando trabas que le mantienen en la irregularidad.
Estas trabas también son importantes para aquellos que lograron permisos de residencia mientras estaban tutelados pero que, a la hora de renovarlos al cumplir 18 años, no consiguen cumplir los requisitos, pues se les exige un ingreso de al menos 500 euros al mes sin contar con permiso para trabajar.
Aun logrando cumplir con todas las exigencias que marca la ley, la autorización que se les otorgaba es a título no lucrativo y no les permite trabajar.
El real decreto acaba con este permiso no lucrativo para los jóvenes migrantes porque “no se ajusta a la realidad del colectivo” y rebaja los requisitos para renovar u obtener la autorización de residencia y trabajo cuando cumplen la mayoría de edad. Los ingresos mínimos exigidos se calculan ahora en base al Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual (469,9 euros). Esa cantidad puede provenir de un empleo, pero también de ayudas sociales, una fórmula más flexible que antes no se permitía.
La nueva redacción del reglamento también contempla que la tarjeta de residencia que se les tramite deberá incluir una autorización para trabajar en el caso de los menores de 16 y 17 años. La posibilidad de buscar un empleo en igualdad de condiciones que los españoles comenzó a impulsarse ya en marzo del año pasado con una instrucción de Migraciones.
El diseño de un modelo más eficiente en la atención a los niños migrantes, en manos ahora del Ministerio de Derechos Sociales, lleva en discusión desde 2018. El texto se someterá ahora a la evaluación de otros ministerios y necesitará el informe del Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de ministros para entrar en vigor.
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Alexandra Rivas